La sangrienta guerra fratricida sin tregua
alguna entre sus fracciones -estallada este
domingo 25 de julio hace ya dos años-,
sumada a la extradición hacia EU de sus
líderes, es lo que ha sentenciado a una
rápida extinción del Cartel de Sinaloa.
Al final no fue ni la DEA ni ninguna otra
agencia del gobierno del presidente Donald
Trump, sino la ingratitud entre ellos
mismos lo que los condenó a su desaparición.
Hoy, en los hechos, este cartel transita
hacia su fin en medio de duros y sangrientos
coletazos y una atroz confrontación -en la
peor de sus ferocidades y salvajismo- de
quienes han heredado sus operaciones ante el
encarcelamiento de sus jefes-capos.
Todo inició con la traición, secuestro con
entrega a las autoridades norteamericanas
de Ismael El Mayo Zambada por
su ahijado Joaquín Guzmán López, uno
de los Chapitos, de los muchos
hijos de su principal socio y compadre Joaquín El
Chapo Guzmán, hoy igual que él preso
de por vida en una cárcel de Brooklyn, Nueva
York, EU.
Un fin de vida decretado para ocurrir tan
lejos de su amado Badiraguato.
El Cartel de Sinaloa -comandado por ambos, El
Mayo y El Chapo-, ha sido catalogado
por la DEA como el más poderoso y temible en
el mundo, por sobre los carteles italianos o
rusos, con presencia, redes de distribución
y alianzas en al menos 47 países de los
cinco continentes.
En este, desde Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Ecuador, Chile y Argentina y por
supuesto México.
En España, Alemania, Reino Unido, Italia,
China, Tailandia y Australia y de ahí a
África superando los 26,000 operadores a
nivel internacional.
EL INICIO DEL FIN
El principio del fin del Cartel de Sinaloa
tiene fecha exacta: se dio cuando el jueves
25 de julio de 2024, tras ser citado con
engaños a una finca de Culiacán para
supuestamente mediar en una disputa política
entre el gobernador del Estado el morenista Rubén
Rocha Moya y el entonces diputado electo
del PAN-PRI-PRD Héctor Melesio Cuén,
el mayor y más evasivo y longevo (casi 40
años al frente de esa actividad) jefe del
narco, El Mayo Zambada fue
emboscado por hombres armados, sometido,
esposado y cubierta su cabeza, y obligado
con violencia a subir a un jet ejecutivo
privado de unas 8 plazas para ser trasladado
de inmediato al pequeño aeropuerto de Santa
Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso,
Texas donde ya lo esperaban agentes del FBI.
En esos hechos fue asesinado el diputado
electo y exrector de la Universidad Autónoma
de Sinaloa y es todavía un misterio sin
aclarar si en el secuestro de El Mayo estuvo
presente o no el gobernador Rocha Moya,
como se supone estuvo como parte de esa
trama.
Lo único cierto es que todos esos hechos no
sólo fracturaron al Cartel de Sinaloa, sino
que además decretaron el derrumbe y
exposición de la política de “Abrazos
no balazos” muy presumiblemente
convenida por el entonces presidente Andrés
Manuel López Obrador con los capos del
Cartel de Sinaloa y de los otros vigentes en
el país, como el Jalisco Nueva Generación,
del cual en su sexenio surgieron el de La
Barredora en Tabasco al amparo según
los hechos del gobernador y luego secretario
de Gobernación y precandidato presidencial
de Morena hoy senador Adán Augusto López.
Desde entonces todo hace agua en ese pacto
que propició una expansión sin precedentes
de los carteles de la droga, la explotación
de migrantes, de la aplicación del derecho
de piso, de secuestros, de sometimiento de
autoridades municipales y estatales a
quienes obligaron a colocar a sus
funcionarios y a compartir presupuestos.
Una política de seguridad aplicada
rigurosamente por AMLO, de
contubernio y cogobierno en importantes
sectores del Estado, y de la cual además
surgió la red del huachicol fiscal, en la
que el narco intervino con financiamiento y
con sus sicarios en procesos electorales de
al menos 8 estados del Pacífico mexicano,
según se establece en la denuncia del
Departamento de Justicia de EU contra el
gobernador Rubén Rocha Moya, el
senador morenista Enrique Inzunza y
otros 8 cómplices.
En este derrumbe todo indica que el Cartel
de Sinaloa no solo se llevará a sus líderes
mayores, El Chapo Guzmán y El
Mayo Zambada, sino a sus socios
políticos entre quienes despuntan junto a
Rocha Moya el propio expresidente Andrés
Manuel Lopez Obrador y muchos más de su
entorno.
RUFFO, PRESO POLÍTICO DE LA 4T:
GÓMEZ-MONT
Para Fernando Gómez-Mont,
exsecretario de Gobernación, exdiputado
panista y con la mayor de las experiencias
en la defensa penal, y por ello abogado del
exgobernador Ernesto Ruffo Appel, no hay
duda:
- Su
defendido, el primer gobernador de
oposición, Ernesto Ruffo Appel es un
innegable preso político de este régimen.
- Que
además sirve para la manipulación mediática,
distracción de otros casos que afectan a
este gobierno.
Su caso, afirma, está simple y sencillamente
“agarrado de alfileres”.
LO DE BC UN CASO SIN PRECEDENTES
Para no pocos este caso amerita una profunda
reflexión y análisis porque, a lo del
exgobernador panista, se suma además la
confrontación política entre los 2
gobernadores morenistas que ha tenido BC: Jaime
Bonilla y Marina del Pilar Avila.
Este pleito, para los enterados ya definió
al ganador en 2027: la oposición.
Y es que este choque político entre Bonilla
y Marina del Pilar rompería la alianza
entre Morena y PT.
El exgobernador Bonilla y su partido
el PT, ya dijeron que llevan ya como
candidata a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat
Caballero.
Y que
no irán con Morena si el partido en el poder
insiste en postular a la senadora marinista Julieta
Ramírez. Y menos si proponen a Ismael
Burgueño, alcalde con licencia de
Tijuana, quien es el propuesto por Carlos
Torres Torres, ex de Marina del Pilar.
Con las cosas así, el pleitazo entre Marina
y Bonilla, sin duda terminará en la
derrota de todos ellos.
Sólo queda que desde la capital del país Ariadna
Montiel logre mantener la alianza de
Morena con PT y Verde, y para ello deberá
postular a un candidato o candidata que no
tenga nada que ver con Marina del Pilar ni
con Jaime Bonilla.
